Como una mala película de suspenso, terminó ayer el encuentro entre la Mesa de Enlace y el ministro de Agricultura, Luis Basterra, en la que “siguen estudiando” la eventual suba de las retenciones, en especial para la soja, en otros 3 puntos, llevándola a 33%, o un “mix” de subas y bajas, más aceptable para las partes.
La falta de definiciones oficiales y el cierre de los Registros de Exportación, medida obligada antes de cualquier cambio -alcista- en los derechos de exportación, mantiene inmovilizados desde el miércoles los mercados agrícolas y las estratégicas liquidaciones de divisas que aporta la producción granaria. Por eso también se entiende que hubo una especie de “marcha atrás” en el Gobierno ante una medida que según se había dejado trascender, ya estaba prácticamente adoptada, y que ahora hasta se habla que tampoco sería abordada por el presidente Alberto Fernández en su discurso de apertura de las sesiones ordinarias del Congreso, el próximo domingo.
Pero, aunque algunos sostienen que seguirían las conversaciones la semana próxima, buena parte del daño está hecho, pues quedaron en evidencia las diferencias en el seno del propio Gobierno, y la forma con que algunos funcionarios toman lo que tienen más a mano, aunque el beneficio sea poco, y el daño de mediano y largo plazo, muy grande.
Ahora, con el marco de una soja muy cerca de tocar los u$s200 por tonelada (más de u$s20 /tn por debajo del nivel de febrero-marzo del año pasado, y en menos de la mitad de lo que cotizaba durante el conflicto de 2011), un nuevo incremento en las retenciones que generaría una recaudación adicional que, según los cálculos más ajustados, oscila entre u$s 400 -480 millones (ya que una parte importante del volumen de soja y sus derivados ya está anotado por lo que pagaría las retenciones anteriores), el costo aparece demasiado alto, con un logro muy exiguo, más aún si surgiera algún recorte de retenciones para productos de zonas extrampampeanas que, se dice, podría llegar a los u$s75-100 millones menos para el fisco, y que constituiría la “zanahoria” para las entidades conformadas por más pymes del campo.
En todo caso, algún funcionario más pícaro, o más lúcido, puede haber caído en la cuenta de que el monto era escaso y a 10 días del 12º aniversario de la Resolución 125, no convenía tensar una cuerda que los dirigentes del sector tampoco comandan demasiado. El riesgo es muy alto y el Presidente “no quiere que haya lío”, señaló un vocero, mientras que la gente del Wado de Pedro en el Ministerio del Interior, estuvo hasta último momento tratando de “enterarse” que involucraba realmente la movida de volver a subir las retenciones y si, en efecto, las “bases” estaban tan cerca del desborde. Lo concreto es que, con independencia de las entidades nacionales, en el noroeste, ya determinaron un paro de comercialización a partir del lunes, en San Pedro habrá una asamblea el próximo domingo (al costado de la autopista) y en Córdoba el jueves que viene.
Por supuesto que los argumentos de los productores son muy atendibles ya que con la nueva alícuota de 33%, directamente tendrían renta “negativa”, en alrededor del 65% de los casos (de los cultivos sembrados y a 1-2 meses de cosechar), según un estudio de la Bolsa de Buenos Aires. El argumento más fuerte es que la retención “real”, aun sin la suba de 3 puntos, ya asciende a alrededor de 50%, pues están cobrando un dólar de $43 (oficial menos 30%), contra un dólar Bolsa que supera los $80.
Tampoco el titular de Agricultura, Luis Basterra, está cómodo con el encargo de conversar la posibilidad de cambios (alcistas) con el campo, aunque se sabe que poco y nada tiene que ver con la decisión final, si bien debió andar y desandar camino por diferentes despachos tratando de lograr alguna forma de “segmentación” a favor de los más chicos que, se sabe, directamente es inaplicable como se la plantea, y porque muchos de los “pequeños productores”, así como los que están a mayor distancia de puertos y/o centros de consumo, ya salieron de la producción, al punto que del récord de algo más de 21 millones de hectáreas que llegaron a sembrarse con soja en la década pasada, ahora apenas se alcanzan las 17 millones, y después de esta decisión, seguramente en la próxima campaña 20/21 podrían ser menos.
Pero ni el presidente Alberto Fernández saldría bien parado, aún después de haber logrado un “crédito” importante al recuperar el diálogo del campo con el Gobierno, situación que ahora podría dañarse a partir de la adopción de la medida en forma unilateral, aunque seguramente los funcionarios encargados de llevarla adelante no le dijeron al Presidente que todo el “ruido” sería para conseguir “solo” u$s500 millones, y a lo largo de varios meses, y que se corre el riesgo de protestas fuertes, de parte de los autoconvocados. Además, la medida afecta también de plano a los gobernadores de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos, que concentran más del 80% de la producción de soja del país.
Ahora se abrió un nuevo compás de espera, con mercados alterados y con la espada de Damocles sobre los productores de una eventual nueva quita de otros u$s10 por tonelada (que es lo que representaría la suba de otros 3 juntos en las retenciones) por lo que, según el ruralista cordobés Néstor Roulet, los agricultores argentinos estarían recibiendo a cotizaciones de hoy, unos u$s 211 por tonelada, contra los u$s 322 de sus competidores del resto del mundo, y para colmo, con un dólar “desinflado”.
Fuente: Ambito.com
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