La bajante del Paraná es la más importante en nuestro país de los últimos 77 años y se prevé que afectará el abastecimiento y calidad del agua potable, la navegación y operaciones de puerto, el ecosistema y la generación de energía hidroeléctrica.
El jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Santiago Cafiero, en ejercicio de la presidencia del Consejo Nacional del Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo (SINAGIR), conduce la Mesa de Trabajo conformada para mitigar el fuerte impacto ambiental, social y económico que está provocando la bajante.
Los organismos públicos técnico-científicos realizaron un diagnóstico de la situación. El Instituto Nacional del Agua (INA) indica que prevalece una tendencia descendente de aguas, que durará tres meses, en todas las secciones del río Paraná. El pico inferior de la bajante se espera para noviembre de este año.
Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) estima que los niveles de precipitaciones en la cuenca del río Paraná se mantendrán con niveles inferiores a los normales en el sur y norte del Litoral al tiempo que se incrementan las probabilidades de precipitaciones superiores a lo normal en las nacientes del río Paraná.
La Mesa Nacional de Monitoreo de Sequías encuadra la situación en los parámetros de sequía moderada, con extensiones del área afectada hacia el centro de Corrientes, Formosa y Misiones.
La Entidad Binacional Yacyretá (EBY) informa que el sistema de embalses emplazados aguas arriba de la central se encuentra con un nivel muy por debajo de lo normal.
El Estado Nacional, en el marco del SINAGIR, está llevando adelante acciones para mitigar los efectos de la bajante. Mantiene activo el fideicomiso que administra el Fondo Nacional de Emergencias (FONAE), para atender suministros de emergencia, asistencia y rehabilitación de servicios esenciales.
Santiago Cafiero afirmó que “el gobierno nacional dispuso la autorización de obras a través del Fondo de Emergencia Hídrica que administra el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA) e involucra una inversión de $1000 millones para la asistencia de las provincias y localidades afectadas”.
Destacó que “se les ha requerido a los gobiernos provinciales afectados por la bajante la designación de puntos focales provinciales, lo que permitirá una respuesta coordinada para las poblaciones ribereñas con mayor grado de vulnerabilidad”.
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