Este jueves, el presidente Alberto Fernández, acompañado del ministro Julián Domínguez, presentó el proyecto de ley que crea el Régimen de Fomento al Desarrollo Agroindustrial, una iniciativa que apunta a conseguir exportaciones por US$ 100.000 millones y alcanzar la meta de 200 millones de toneladas de granos, mediante la creación de 700.000 nuevos puestos de trabajo hasta 2030 y la incorporación de tecnologías de última generación a partir de una serie de beneficios fiscales e incentivos productivos.
El proyecto de ley impulsado por el Gobierno nacional, que fue consensuado con el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), promueve, entre otros puntos, una amortización acelerada y la devolución de IVA para nuevas inversiones, cambios en el esquema para la valuación del pago de impuestos a las Ganancias en ganadería y la promoción del uso de insumos para impulsar la producción sustentable a partir de un crédito fiscal del 50% de su valor.
“Esta es una ley que reivindica la cultura del encuentro, el diálogo, una mesa común en donde sentarnos a construir las políticas de Estado que hacen falta para que Argentina sea el país en el que merecemos vivir”, dijo Fernández durante el acto realizado en el Museo del Bicentenario de la Casa Rosada, acompañado por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner; el jefe de Gabinete, Juan Manzur; y el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Julián Domínguez.
El objetivo, posicionar a Argentina como líder agrobioindustrial
Así lo destacó el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca Julián Domínguez, en el marco de la presentación. Es «el camino» para el alcanzar una industrialización del sector que permita exportar US$ 100.000 millones y alcanzar la meta de 200 millones de toneladas de granos. La iniciativa implica un impulso para la industrialización del sector agregando valor en origen.
Asimismo, planteó que el proyecto promueve la generación de «las herramientas para que nuestros productores sigan invirtiendo y consolidando un proyecto de desarrollo nacional que genere bienestar para todos los habitantes de la nación».
Entre los detalles, el funcionario puntualizó que «esta ley genera estímulos fiscales para mejorar rendimientos. Es a partir de nuevas inversiones tomando como línea de base de producción la actual».
«Los beneficios derivados de las nuevas inversiones que deberán impactar en la productividad, en la generación de valor y empleo que abarcan a productores, cooperativas, formas asociativas, emprendedores, empresas industriales de base tecnológica», apuntó.
«El beneficio es promover amortizaciones aceleradas par nuevas inversiones, menor tiempo de devolución del IVA. Para el sector ganadero cambia el concepto de tenencia para realización o venta para el cálculo del impuesto a las ganancias. En el momento que venden deberán hacer el cálculo para el pago del impuesto», indicó.
Asimismo, la iniciativa promueve la compra de semillas fiscalizadas para especies hortícolas, cereales, oleaginosas y legumbres mediante un bono del 50% como crédito fiscal, entre otras cuestiones.
Los ejes del proyecto
Productividad, inversión, valor agregado y generación empleo de calidad son algunos de los puntos salientes de la iniciativa presentada por el Gobierno Nacional.
Entre los principales puntos de la iniciativa se encuentran cuestiones impositivas para dar impulso a nuevas inversiones, cambios en el esquema para la valuación del pago de impuestos a las Ganancias en ganadería y la promoción del uso de insumos para impulsar la producción sustentable con fertilizantes e insumos, entre otras cuestiones.
El régimen será accesible para productores y empresas que se inscriban en un nuevo “Registro Nacional de Fomento al Desarrollo Agroindustrial Federal, Inclusivo, Sustentable y Exportador”, que funcionará bajo un formato de “Ventanilla Única Digital”, sostiene el proyecto en uno de sus artículos.
Los controles posteriores verificarán el cumplimiento al considerarse indicadores tales como volumen de ventas, volumen de producción física, volumen de exportaciones físicas, cantidad de personal ocupado o inversiones realizadas.
Uno de los puntos principales en cuanto a los beneficios impositivos anunciados es la amortización acelerada en tres años, en lugar de diez años o más de acuerdo al tipo de inversión en cada sector del agro, excluidos los automóviles.
Para inversiones en construcciones -excluida viviendas- y de infraestructura, como mínimo en la cantidad de cuotas anuales, iguales y consecutivas que surja de considerar su vida útil, la amortización estará reducida al 50% de la estimada.
«Las inversiones en construcción de infraestructura se encuentran limitadas a aquellas que impliquen una ampliación comprobable en la capacidad productiva, o estén vinculadas con la conservación y mantenimiento de bienes de uso amortizables», señala el texto del proyecto al que tuvo acceso Télam.
Por otro lado, se prevé la devolución de IVA para inversiones en un año, con el objetivo de beneficiar a plantas frigoríficas, acopios, usinas lácteas, plantas de balanceado, planta de tratamiento de frutas.
Los beneficios serán de acuerdo con la incrementalidad de la producción, o sea, del aumento de la productividad sobre “líneas base” determinadas por la Autoridad de Aplicación de la norma.
En el caso de la ganadería, la norma establece la valuación de la hacienda vacuna para faena a los efectos del Impuesto a las Ganancias se podrá realizar al momento de la venta y no al cierre del ejercicio, cuando la hacienda supere determinado peso (400 kilos vivo o 225 en gancho), aunque la autoridad de aplicación podrá incrementar los valores de referencia a 450 kg vivo y 250 kg para la res con hueso en gancho.
En cuanto a la promoción para la producción sustentable, los productores que adquieran semilla fiscalizada de producción nacional de especies como legumbres, forrajeras, hortícolas, cereales y oleaginosas obtendrán un bono o certificado de crédito por el 50% del valor, que podrán descontar adicionalmente de Ganancias.
Lo mismo sucederá con los fertilizantes e insumos que contribuyan a la sustentabilidad del suelo y del ambiente.
El beneficio será para la adquisición de productos que aporten valor agregado nacional.
El certificado podrá ser utilizado por el término de 24 meses contados desde su emisión para la cancelación del Impuesto a las Ganancias a pagar del período fiscal de que se trate, o de sus respectivos anticipos y/o de la Contribución Especial sobre el Capital de las Cooperativas, y no podrá dar lugar a saldos a favor ni a reintegros o devoluciones por parte del Estado Nacional.
Una vez aprobado, el régimen se extenderá hasta diciembre de 2025 aunque la norma habilita al Poder Ejecutivo a extender el plazo por cinco años más.
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