Arrancó un nuevo año y una nueva gestión de Gobierno. Desde FIFRA se han mantenido reuniones con distintos funcionarios de la cartera de Agricultura y Ganadería y también con la Presidencia del SENASA, trasmitiendo a ellos su visión sobre el negocio de ganados y carnes.
Siguiendo con la cuestión impositiva, se requiere volver a tratar los cambios pendientes en ingresos brutos y tratar de lograr un acuerdo o consenso con las provincias para que en el caso de la comercialización de carnes no haya alícuotas confiscatorias y de tan variada diferencias, así como se le pide un aporte especial al sector, es justo que nuestro producto tenga un tratamiento especial también. A diferencia de otros comercios, en el caso de carnes, como tantas veces lo dijimos, se trata de un producto de alto valor y baja rentabilidad, cuando los impuestos hacen inviable su recaudación y pago, los comerciantes directamente optan por eludirlo. Por esta razón sostuvimos ante los funcionarios de la administración anterior, que la mejor forma de regularizar el comercio minorista era creando una categoría simplificada para que el comerciante en un sólo pago se libere de los impuestos nacionales y como actualmente muchas provincias y municipios tienen convenio con AFIP también podrían hacer lo mismo con Ingresos Brutos y los municipales. Recordemos que esto aplica para la típica carnicería atendida por su dueño y en la que generalmente colaboran los familiares y cuyas ventas no superan los 8000 kilogramos mensuales, por lo tanto se excluye en esa propuesta a las cadenas de carnicerías o supermercados. Esta situación afecta a más del 70% del universo de comercios minoristas del país, conclusión a la que arribamos en las reuniones de las que participamos con organismos como la AFIP y funcionarios provinciales.
La verdadera regularización del negocio de las carnes que evitará la informalidad que afecta a toda la cadena pasa por un verdadero acuerdo entre el Estado nacional, el provincial y los municipios, de lo contrario los intentos serán infructuosos.
En este aspecto y por la relevancia de su impacto en la estructura de costos es importante la labor de control que debe realizar el estado para que no haya trabajadores precarizados o que se eludan los pagos de contribuciones y aportes, que trasladados a precio se convierten en competencia desleal y destruyen a la industria formalizada.