Productores rurales estiman que en toda la Patagonia hay un millón de cabezas de ganado en riesgo por las inusuales nevadas y el frío extremo de junio y julio.
Productores rurales estiman que en toda la Patagonia hay un millón de cabezas de ganado en riesgo por las inusuales nevadas y el frío extremo de junio y julio.
Al crudo invierno que afectó su actividad, los productores rurales de la Patagonia suman ahora una preocupación más: el Gobierno nacional derogó por “falta de transparencia” un fondo de promoción de la ganadería ovina que desde hace más de 20 años resulta una ayuda en la región.
La medida se resuelve en medio de las consecuencias que afronta el sector por el frío extremo y las nevadas de en la segunda mitad de junio y principios de julio afectó severamente la actividad ganadera en la zona, con miles de animales aislados por la nieve y muertos por la imposibilidad de alimentarse.
De hecho, el propio Gobierno dispuso el envío de fondos a las provincias patagónicas para paliar las consecuencias, aunque al menos desde Chubut, recientemente los productores dijeron que todavía no les llegó un peso, mientras todavía luchan por terminar de despejar caminos que quedaron obturados por la nieve luego de la tormenta del 18 de junio, hace ya más de un mes y medio.
En ese contexto, la respuesta a la decisión del Ministerio de Economía de la Nación de dar de baja el programa de recuperación de la ganadería ovina, la respuesta no se hizo esperar.
«La Ley Ovina fue creada hace más de 20 años. Nació en la Patagonia, por una suma de u$s20 millones, que hoy significaría $20 mil millones. Actualmente estamos hablando de una Ley Ovina que, si la analizamos desde un punto de vista de productores en la Patagonia, solamente significaría $50 mil por productor. Lo que puede financiar no es lo necesario para el sector», se quejó el titular de la Federación de Sociedades Rurales de Chubut, Osvaldo Luján, en diálogo con Ambito Financiero luego de publicada la resolución de la cartera de Luis Caputo en el Boletín Oficial.
Además, el dirigente rural se refirió a la emergencia climática que golpea a la actividad en el momento en que se toma esta medida.
«La situación del sector en Chubut es casi la misma que en Santa Cruz, con un enorme riesgo de pérdida de casi el 20% de animales en una población de cerca de un millón de ovinos», detalló.
Y reclamó: «Todavía estamos en esa lucha de tener acompañamiento de Nación y de provincia para que no se abandone al productor».
Los argumentos del gobierno
En los considerandos de la resolución 650/2024 se detalla que un informe técnico de la actual Secretaría de Bioeconomía (ex Agricultura) indicó “que las condiciones que motivaron la creación” del FRAO “no se encuentran dadas en el contexto actual”, sin mayores precisiones.
Por su parte, el vocero oficial Manuel Adorni aseguró desde su cuenta de la red social X (antes Twitter) que “este fondo manejaba 3.000 millones de pesos por año sin ningún tipo de transparencia” y consideró que “desde su creación (hace ya más de 20 años) tampoco se pudieron verificar mejoras en el sector”.
Además, a través de un comunicado, el Ministerio de Economía argumento que “la auditoría realizada por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) encontró importantes fallas, tales como la falta de fiabilidad en el manejo de la información del universo de beneficios aprobados; la incierta cantidad de acreencias del fondo; la debilidad en el recupero de los aportes reintegrables; la inexistencia de sanciones a beneficiarios incumplidores; fallas en el control y ejecución de los proyectos; debilidades en las compras y contrataciones; ausencia de documentación de respaldo, falta de control en las rendiciones de cuentas; entre otras irregularidades”.
La respuesta desde Chubut
Luján refutó los argumentos del Gobierno. «El vocero habló de $3.000 millones de aportes el año pasado. La ley ovina establece $850 millones de aporte del Presupuesto Nacional en forma anual. No hay realmente un aporte de $3.000 millones porque está fuera de la ley», sostuvo.
Además, para defender la transparencia del FRAO, el dirigente explicó que cada provincia trabaja una unidad ejecutora propia, conformada no sólo por el sector público local, sino también por organismos técnicos como el INTA y el SENASA, además de representante de los productores, lo cual “da lugar a una evaluación de los proyectos, que son revisados a nivel nacional y aprobados”.
Aseguró también que “los fondos van directamente a los proveedores de insumos; no pasan por provincias ni por ningún productor” de modo que “la transparencia está asegurada”.
Además, detalló que “se rinden cuentas mensualmente y anualmente a nivel nacional»,
Luján también defendió el impacto social positivo de la ganadería ovina en el Sur, donde “hay que ver en análisis el análisis de la situación y cuáles son las necesidades de inversión en un campo como el patagónico, donde producir es complejo».
Desde la Federación de Sociedades Rurales de Chubut llaman al Gobierno a tener » las necesidades de inversión en un campo como el patagónico, donde producir es complejo».
A principios de julio, el gobernador de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, se reunió con representantes de la Federación de Sociedades Rurales del Chubut y les anunció que la Provincia declarará la emergencia agroganadera para poder derivar recursos propios para asistir a los productores afectados por el clima.
Uno de los temas que se trataron en el encuentro fue el compromiso de la provincia para gestionar ante Nación que se retomen los pagos del Plan Lanar II, que tiene asignación específica de fondos nacionales para asistir a pequeños productores ovinos y mitigar el impacto de la caída progresiva de los precios internacionales de la lana, agravada desde la pandemia de coronavirus.
«Tenemos costos de insumos y de la parte salarial que acompañaron a la inflación en forma completa y total, cuando el valor del precio de la lana, que es al precio del dólar oficial, no acompañó a la inflación», argumentó ahora Luján.
Y amplió: «Dependemos de ciertos parámetros que no hacen al subsidio, sino a que realmente tengamos mecanismos concretos de obtener un precio por el producto. No somos formadores de precios; por el contrario, el precio se dictamina en Australia a través de los remates. Después se transforma acá en un dólar oficial que no es el que corresponde».