Un remate ganadero que se desarrollaba este miércoles en la feria de San Andrés de Giles, en el norte bonaerense, fue interrumpido por la Patrulla Urbana de esa localidad, cuyos agentes dijeron que se trataba de una orden de la Inspección General del Municipio.
Sin embargo, los productores y martilleros que participaban de la comercialización aseguraron que la realización del remate feria estaba autorizado, que la Municipalidad había sido anoticiada del hecho, ya que entre otras cuestiones había emitido las guías correspondientes para trasladar las haciendas de los campos vecinos. Por eso, en el marco de la protesta por la situación, convocaron la presencia de un escribano para labrar un acta.
El hecho provocó indignación entre los participantes, en el contexto de la tensión que se experimenta entre el sector agroindustrial y el gobierno nacional por el cierre de las exportaciones de carne bovina.
Pese a ese cepo e incluso a las restricciones sociales por la pandemia, la subasta de 600 cabezas de ganado estaba en condiciones de realizarse. Y nada hacía suponer que iba a terminar envuelto en una polémica, con trascendencia nacional debido a lo inusual del caso.
El evento estaba protagonizado por productores chicos, muchos de los cuales cargaron sus vacas de descarte (a la salida de los tactos, el método para evaluar la condición reproductiva) para completar el grueso de la oferta en los corrales.
La firma Sáenz Valiente, Bullrich y Cía redondeaba su trabajo para darle respuesta a los criadores zonales, que se presentaron conscientes que debían asumir pérdidas del orden del 20% en los precios por esos lotes; ya que 20 días atrás tenían el destino asegurado con las exportaciones al mercado asiático.
Pero a las 16:48 de este miércoles húmedo y plomizo llegaron al predio varios móviles de las fuerzas de seguridad local para interrumpir la subasta. En ese momento faltaba que se vendieran algo más de 100 animales, pero lo más preocupante es que la totalidad de la hacienda expuesta aún permanece en el lugar.
Las interpretaciones de los operadores privados que se vieron afectados por la intervención estatal vinculaban el hecho con la afiliación partidaria del intendente del lugar, el contador Carlos Puglielli, del Frente de Todos.
Entre la bronca y el desconcierto no encontraban respuestas racionales para encauzar el problema y trataban de descifrar la situación desde una cuestión ideológica, que alcanza para entender las motivaciones pero no justifica prohibiciones sin adecuado fundamento legal.
Fuente: tn.com.ar
- Etiquetas: ganadero, irrumpe, policía, presencial, Remate, San Andres de Giles
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