El mismo decreto del Ejecutivo facultó al organismo a que extienda sus tareas de control –desarrolladas hasta el momento sobre las carnes y los granos– a otras cadenas como los lácteos o la apicultura.
“Vamos a acorralar a la informalidad”, dicen desde la oficina. Es que el Gobierno acepta que las ventas en negro alcanzan 30% de la facturación total del sector, con el consiguiente perjuicio fiscal para el Estado por un lado y de deslealtad comercial para las empresas que operan en blanco, por el otro.
“Es una muy buena medida”, comentó el secretario de Agricultura de Santa Fe, Daniel Costamagna.
Esta provincia concentra 30% de la producción láctea del país y 50% de las exportaciones y tiene fama de ser una de las más ordenadas, junto con Buenos Aires y La Pampa.
Precisamente, la idea del trabajo de la ONCCA es poner en un pie de igualdad a los sectores lácteos de todas las provincias.
Según se pudo saber, el trabajo de fiscalización del organismo nacional se concentrará en las plantas procesadoras, de las cuales se estima que hay unas mil en todo el país.
El primer paso será la creación de un registro similar al que existe para los operadores del comercio cárnico, los molineros o los acopiadores.
Ese registro será administrado por la oficina, de tal manera que ante la detección de irregularidades o incumplimiento de los requisitos reglamentados para su inscripción, puedan ser suspendidos.
“En la provincia venimos haciendo controles en forma rutinaria, junto con la Afip y bromatología”, comentó Costamagna. “Con el convenio que vamos a firmar con la ONCCA vamos a ir hacia un control mucho más preciso, que incluya los aspectos de seguridad industrial, aportes previsionales, etcétera”, agregó.
Desde la oficina nacional también confirmaron que la estrategia es cerrar convenios con las provincias para realizar los controles.
Autarquía y financiamiento para el 2006
Gracias a un decreto del Poder Ejecutivo promulgado en agosto del año pasado, se le otorgó a la ONCCA la condición de organismo descentralizado, con autarquía económico-financiera, técnico-administrativa y dotado de personería jurídica propia.
Asimismo, se le concedió al titular de la SAGPyA la facultad de extender el campo de la fiscalización a nuevas cadenas agroalimentarias, atribución de la cual hizo uso Campos en esta ocasión.
En tanto, gracias a la ley de Presupuesto nacional 2006, se facultó al jefe de Gabinete (Aníbal Fernández) a expender partidas presupuestarias al organismo por hasta $20 millones, vía decisiones administrativas. Este valor cuadruplica prácticamente lo que el borrador del Presupuesto tenía previsto para este año, que era de $5,4 millones, y queda muy lejos de los $2,8 millones con los que contó en el 2005.
Córdoba: hay consenso para combatir ilegalidad en leche y carne
El consejo consultivo del Ministerio de la Producción de Córdoba acordó acentuar el combate a la ilegalidad en la producción láctea y frigorífica, para lo cual se profundizará la colaboración del sector privado con los organismos oficiales de la provincia.
La lucha contra las plantas lácteas –sobre todo queseras– y de faena que no cumplan con las condiciones sanitarias y habilitaciones reclamadas por la normativa vigente fue pedida por Apil y Afic, las asociaciones que nuclean a las industrias lecheras y frigoríficas.
La reunión fue encabezada por la ministra del área, Adriana Nazario, y participaron, entre otros, el titular de la Unión Industrial de Córdoba (UIC), Rodolfo Banchio, el presidente de Sancor, Oscar Carreras y los dirigentes Daniel Urcía (Afic) y Alfredo Frutero (Apil).
“Estos son dos sectores clave para la industria y hay actividades informales que, pese a que los organismos provinciales están trabajando muy activamente, apelan a todo tipo de recursos para seguir operativas”, dijo Banchio.
Frente a la inspección o la clausura, narró, las plantas ilegales apelan a recursos de amparo, algunos de los cuales han sido presentados, incluso, por intendentes para preservar fuentes de trabajo.
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